LA DEMOCRACIA, SIN LAS MUJERES TRANS, NO LO ES

Cada 17 de mayo se conmemora el Día Internacional contra la Transfobia como fecha para reivindicar nuestras existencias y combatir el odio que la sociedad expresa en nuestra contra por el simple hecho de existir. Este año reclamamos las leyes que nos protejan y rechazamos aquellas que penalizan nuestra existencia.

Ciudad de Guatemala, 17 de mayo de 2017. En primera instancia, la Organización Trans Reina de la Noche saluda el esfuerzo del país en la búsqueda de promover reformas constitucionales en el sector justicia, ya que estos procesos fomentan la transparencia, el robustecimiento de la administración de la ley y la democracia misma en el país.

Pues a pesar de la invisibilidad histórica que la democracia guatemalteca nos ha impuesto, reconocemos que el camino andado desde 1,944 ha ido fortaleciendo el estado de derecho con altibajos tales como el conflicto armado interno, que generaron los Acuerdos de Paz, el fortalecimiento de sociedad civil y posterior surgimiento de movimientos como el nuestro, mujeres trans organizadas y empoderadas para la búsqueda de nuestros derechos.

Y es que acorde al estudio de “Caracterización y estimación del tamaño poblacional en mujeres trans en Guatemala” (HIVOS, noviembre 2015), conformamos al menos una población de 7,818 mujeres trans dispersas en el país, y constituimos parte de la Guatemala empobrecida, aquella que se ilustra con bajas tasas de acceso a la educación, acceso a empleo y con índice de desarrollo humano extremadamente limitado y endeble.

Nuestra realidad se magnifica con la discriminación social (Transfobia), que se ejerce en nuestra contra, arraigada en distintos gobiernos, que no solo niegan el acceso a nuestros derechos sino promueven leyes que criminalizan nuestra existencia, como el caso del congresista Aníbal Rojas y su pretendida ley de odio (iniciativa 5272) presentada recientemente.

Por nuestra, parte buscamos desde el año 2016, junto a las comunidades de hombres gay, bisexuales y mujeres lesbianas, fomentar legislación que nos proteja de agresiones y de crímenes cometidos en nuestra contra. Para ello presentamos junto a la diputada Sandra Morán la iniciativa de ley 5278, por lo que urgimos al Congreso de la República su pronto análisis y debida aprobación.

Así mismo, desde 2009, seguimos exigiendo al estado, la urgente e impostergable adopción de la ley de identidad de género, que reconozca nuestra existencia, permita el goce de nuestros derechos constitucionales y proporcione mecanismos de protección ante la Transfobia imperante en nuestro país. Guatemala y su democracia están en deuda con nosotras, este es el momento propicio para brindarnos justicia y equidad legal.

Organización Trans Reinas de la Noche

6ª. Avenida 11-43 zona 1, Edificio Pan Am Oficina 401, Cuarto Nivel

/ +502 2251-0685 / http://www.reinasdelanoche.org.gt

direccionotrans@gmail.com

Pronunciamiento Convención Interamericana

Ciudad de Guatemala, 28 de abril de 2017. 

La iniciativa de “Ley  para la protección de la vida y la familia" fue presentada al Congreso de la República de Guatemala por el diputado pro evangélico Aníbal Rojas, en compañía de una veintena de diputados, con la firma de al menos treinta mil guatemaltecos y el respaldo de la Coordinadora Evangélica  Nacional.  Dicha propuesta legislativa va encaminada a prohibir los abortos en el país, generar penas punibles con cárcel a quien se los practique o facilite a hacerlo. Prohíbe la enseñanza de “ideología de género y diversidad sexual”,  pretende obligar a los funcionarios públicos en representación del Estado de Guatemala a rechazar cualquier medida referente a dichos temas, reafirma la calidad del matrimonio como derecho exclusivo de personas de sexos opuestos y permite a las personas el derecho a rechazar (y agredir) a las personas lesbianas, gay, bisexuales y trans (LGBT),  sin que sus acciones (cualesquiera que sean) sufran castigo legal alguno.

Por lo anterior y en base al análisis de dicha iniciativa de ley, nos pronunciamos públicamente al respecto y señalamos:

1.    Esta propuesta legislativa atenta en primera instancia contra el estado laico Guatemalteco y discrimina cualquier otra confesión religiosa, al privilegiar su actuar  bajo doctrinas cristianas.

2.    Limita el derecho a expresión de las personas lesbianas, gay, bisexuales y trans  (LGBT) y acalla su derecho a manifestarse por sus derechos.  Limita el actuar de las comunidades LGBT en el reconocimiento de su existencia y fomenta su criminalización y persecución.

3.    La propuesta agrava las condiciones de discriminación y violencia contra las personas LGBT al obligar a los funcionarios públicos a mantener una postura única frente al tema de orientación sexual e identidad de género  y permite a cualquier guatemalteco a realizar acciones contra la comunidad, dándoles libertad de acción e impunidad, con el hecho de invocar su “derecho a la libre expresión y libertad de conciencia”.

4.    La referida iniciativa criminaliza los derechos sexuales y derechos reproductivos bajo la persecución sin cortapisa alguna del aborto y promueve penas de cárcel a las mujeres que lo practiquen o a las personas que lo faciliten.

Por lo anterior, manifestamos nuestra profunda preocupación por el alcance perverso que esta ley pueda tener contra derechos de personas que en la actualidad no gozan de ningún tipo de protección por parte del estado guatemalteco y que al contrario, se verían sujetas a persecución penal. Así mismo, con este tipo de propuesta legislativa, evidenciamos:

1.    La actuación del Estado tendiente al aseguramiento de la igualdad, empieza por acciones concretas de reconocimiento y restauración de derechos de minorías históricamente discriminadas. Una sociedad que no reconoce los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales transgéneros no es una sociedad democrática.

2.    La falta de reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo género –o la existencia de figuras alternativas- constituyen violencia contra el ejercicio de las libertades democráticas y el libre desarrollo de la personalidad humana incluyen las dimensiones de la orientación sexual y la identidad de género, limitando  ciudadanía plena para quienes se apartan de la norma heterocentrada y reafirmando un  claro escenario de  discriminación salvaje y fomentando escenarios de segregación social y legislativa que aún persisten en el país contra de las personas lesbianas, gay, bisexuales y trans LGBT.

Atentamente,

Campaña por una Convención Interamericana de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos –CCIDSDR.

PRONUNCIAMIENTO PUBLICO

La iniciativa de “Ley para la protección de la vida y la familia" fue presentada al Congreso de la República de Guatemala por el diputado pro evangélico Aníbal Rojas, en compañía de una veintena de diputados, con la firma de al menos treinta mil guatemaltecos y el respaldo de la Coordinadora Evangélica Nacional. Dicha propuesta legislativa va encaminada a prohibir los abortos en el país, generar penas punibles con cárcel a quien se los practique o facilite a hacerlo. Prohíbe la enseñanza de “ideología de género y diversidad sexual”, pretende obligar a los funcionarios públicos en representación del Estado de Guatemala a rechazar cualquier medida referente a dichos temas, reafirma la calidad del matrimonio como derecho exclusivo de personas de sexos opuestos y permite a las personas el derecho a rechazar (y agredir) a las personas lesbianas, gay, bisexuales y trans (LGBT), sin que sus acciones (cualesquiera que sean) sufran castigo legal alguno.

Por lo anterior y en base al análisis de dicha iniciativa de ley, nos pronunciamos públicamente al respecto y señalamos:

1. Esta propuesta legislativa atenta en primera instancia contra el estado laico Guatemalteco y discrimina cualquier otra confesión religiosa, al privilegiar su actuar bajo doctrinas cristianas.
2. Limita el derecho a expresión de las personas lesbianas, gay, bisexuales y trans (LGBT) y acalla su derecho a manifestarse por sus derechos. Limita el actuar de las comunidades LGBT en el reconocimiento de su existencia y fomenta su criminalización y persecución.

3. La propuesta agrava las condiciones de discriminación y violencia contra las personas LGBT al obligar a los funcionarios públicos a mantener una postura única frente al tema de orientación sexual e identidad de género y permite a cualquier guatemalteco a realizar acciones contra la comunidad, dándoles libertad de acción e impunidad, con el hecho de invocar su “derecho a la libre expresión y libertad de conciencia”.
4. La referida iniciativa criminaliza los derechos sexuales y derechos reproductivos bajo la persecución sin cortapisa alguna del aborto y promueve penas de cárcel a las mujeres que lo practiquen o a las personas que lo faciliten.

Por lo anterior, manifestamos nuestra profunda preocupación por el alcance perverso que esta ley pueda tener contra derechos de personas que en la actualidad no gozan de ningún tipo de protección por parte del estado guatemalteco y que al contrario, se verían sujetas a persecución penal. Así mismo, con este tipo de propuesta legislativa, evidenciamos:

1. La actuación del Estado tendiente al aseguramiento de la igualdad, empieza por acciones concretas de reconocimiento y restauración de derechos de minorías históricamente discriminadas. Una sociedad que no reconoce los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales transgéneros no es una sociedad democrática.
2. La falta de reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo género –o la existencia de figuras alternativas- constituyen violencia contra el ejercicio de las libertades democráticas y el libre desarrollo de la personalidad humana incluyen las dimensiones de la orientación sexual y la identidad de género, limitando ciudadanía plena para quienes se apartan de la norma heterocentrada y reafirmando un claro escenario de discriminación salvaje y fomentando escenarios de segregación social y legislativa que aún persisten en el país contra de las personas lesbianas, gay, bisexuales y trans LGBT. 

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO

Ciudad de Guatemala, 28 de abril de 2017.

La iniciativa de “Ley para la protección de la vida y la familia" fue presentada al Congreso de la República de Guatemala por el diputado pro evangélico Aníbal Rojas, en compañía de una veintena de diputados, con la firma de al menos treinta mil guatemaltecos y el respaldo de la Coordinadora Evangélica Nacional. Dicha propuesta legislativa va encaminada a prohibir los abortos en el país, generar penas punibles con cárcel a quien se los practique o facilite a hacerlo. Prohíbe la enseñanza de “ideología de género y diversidad sexual”, pretende obligar a los funcionarios públicos en representación del Estado de Guatemala a rechazar cualquier medida referente a dichos temas, reafirma la calidad del matrimonio como derecho exclusivo de personas de sexos opuestos y permite a las personas el derecho a rechazar (y agredir) a las personas lesbianas, gay, bisexuales y trans (LGBT), sin que sus acciones (cualesquiera que sean) sufran castigo legal alguno.

Por lo anterior y en base al análisis de dicha iniciativa de ley, nos pronunciamos públicamente al respecto y señalamos:

1. Esta propuesta legislativa atenta en primera instancia contra el estado laico Guatemalteco y discrimina cualquier otra confesión religiosa, al privilegiar su actuar bajo doctrinas cristianas.
2. Limita el derecho a expresión de las personas lesbianas, gay, bisexuales y trans (LGBT) y acalla su derecho a manifestarse por sus derechos. Limita el actuar de las comunidades LGBT en el reconocimiento de su existencia y fomenta su criminalización y persecución.

3. La propuesta agrava las condiciones de discriminación y violencia contra las personas LGBT al obligar a los funcionarios públicos a mantener una postura única frente al tema de orientación sexual e identidad de género y permite a cualquier guatemalteco a realizar acciones contra la comunidad, dándoles libertad de acción e impunidad, con el hecho de invocar su “derecho a la libre expresión y libertad de conciencia”.
4. La referida iniciativa criminaliza los derechos sexuales y derechos reproductivos bajo la persecución sin cortapisa alguna del aborto y promueve penas de cárcel a las mujeres que lo practiquen o a las personas que lo faciliten.

Por lo anterior, manifestamos nuestra profunda preocupación por el alcance perverso que esta ley pueda tener contra derechos de personas que en la actualidad no gozan de ningún tipo de protección por parte del estado guatemalteco y que al contrario, se verían sujetas a persecución penal. Así mismo, con este tipo de propuesta legislativa, evidenciamos:

1. La actuación del Estado tendiente al aseguramiento de la igualdad, empieza por acciones concretas de reconocimiento y restauración de derechos de minorías históricamente discriminadas. Una sociedad que no reconoce los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales transgéneros no es una sociedad democrática.
2. La falta de reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo género –o la existencia de figuras alternativas- constituyen violencia contra el ejercicio de las libertades democráticas y el libre desarrollo de la personalidad humana incluyen las dimensiones de la orientación sexual y la identidad de género, limitando ciudadanía plena para quienes se apartan de la norma heterocentrada y reafirmando un claro escenario de discriminación salvaje y fomentando escenarios de segregación social y legislativa que aún persisten en el país contra de las personas lesbianas, gay, bisexuales y trans LGBT.