Washington DC. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato de Diana Sacayán, defensora de los derechos humanos de las personas trans en Argentina, quien fue hallada sin vida en su apartamento el 13 de octubre de 2015. La CIDH toma nota de la declaración emitida al día siguiente por la Presidenta de Argentina y por la Secretaría de Derechos Humanos, condenando su muerte y solicitando una investigación.
Sacayán jugó un papel esencial en la promulgación, el mes pasado, en Argentina, de una ley que establece que debe asignarse una cuota mínima de al menos un uno por ciento en los empleos del sector público en la provincia de Buenos Aires, a personas trans, siempre y cuando reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo, como antecedentes laborales y educativos. También tuvo un rol fundamental en la adopción de un protocolo por el Ministerio de Salud para el tratamiento adecuado de las personas trans en hospitales en la provincia de Buenos Aires. Ella era referente del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL) y representante de la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas (ILGA, por sus siglas en inglés). También formaba parte del equipo del Programa de Diversidad Sexual del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) en Argentina. Además, Sacayán participó como experta en derechos humanos en una reunión sobre empleo y derechos humanos de personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex (LGBTI), organizada por la CIDH en octubre de 2012 en Barbados.
La CIDH reconoce la labor del gobierno de Argentina en la promoción de los derechos de las personas trans, especialmente a través de medidas legislativas, tal como la ley de identidad de género de 2012. Sin embargo, debe señalarse que, según la información recibida, se trata del tercer asesinato de una mujer trans en Argentina en el mes pasado. La CIDH insta al Estado a que se adopten medidas integrales para abordar las causas de fondo que subyacen en la violencia contra personas trans (travestis, transexuales y transgénero) en Argentina, tal como la discriminación general que enfrentan dentro de sus familias, comunidades, escuelas y en los sectores de empleo y salud.
La CIDH insta a Argentina a seguir pautas de investigación que tomen en cuenta si el asesinato de Diana Sacayán está relacionado con su trabajo de defensa de los derechos humanos de las personas trans, y/o si fue cometido debido a su identidad de género. El Estado debe iniciar una investigación exhaustiva que tendrá que realizarse con la debida diligencia, juzgar y sancionar a las personas que resulten responsables. La CIDH nota que de acuerdo con información de público conocimiento, dos personas habrían sido detenidas y se encuentran bajo custodia estatal.
Los ataques cometidos contra defensores y defensoras de los derechos humanos y líderes de organizaciones de personas trans y lesbianas, gay y bisexuales tienen el efecto de intimidarlos y de intimidar a las personas LGBTI en general. El miedo se agrava a raíz de la situación de impunidad en la que se mantienen estos actos, lo cual propende su repetición. La labor de las y los defensores de los derechos humanos es fundamental para construir una sociedad democrática firme y duradera, y las y los defensores juegan un papel fundamental en el proceso de implementar el estado de derecho y fortalecer la democracia. Además, la CIDH insta al Estado de Argentina a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida, la integridad física y la seguridad de las y los defensores de los derechos humanos, incluidos aquellos que trabajan en temas relacionados con la discriminación basada en la orientación sexual o la identidad o expresión de género.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.
