Ciudad de Guatemala, 28 de
abril de 2017.
La iniciativa de “Ley para la
protección de la vida y la familia" fue presentada al Congreso de la
República de Guatemala por el diputado pro evangélico Aníbal Rojas, en compañía
de una veintena de diputados, con la firma de al menos treinta mil
guatemaltecos y el respaldo de la Coordinadora Evangélica Nacional. Dicha propuesta legislativa va encaminada a
prohibir los abortos en el país, generar penas punibles con cárcel a quien se
los practique o facilite a hacerlo. Prohíbe la enseñanza de “ideología de
género y diversidad sexual”, pretende
obligar a los funcionarios públicos en representación del Estado de Guatemala a
rechazar cualquier medida referente a dichos temas, reafirma la calidad del
matrimonio como derecho exclusivo de personas de sexos opuestos y permite a las
personas el derecho a rechazar (y agredir) a las personas lesbianas, gay,
bisexuales y trans (LGBT), sin que sus
acciones (cualesquiera que sean) sufran castigo legal alguno.
Por lo anterior y en base al
análisis de dicha iniciativa de ley, nos pronunciamos públicamente al respecto
y señalamos:
1.
Esta propuesta legislativa atenta en primera instancia contra el estado
laico Guatemalteco y discrimina cualquier otra confesión religiosa, al
privilegiar su actuar bajo doctrinas
cristianas.
2.
Limita el derecho a expresión de las personas lesbianas, gay, bisexuales
y trans (LGBT) y acalla su derecho a
manifestarse por sus derechos. Limita el
actuar de las comunidades LGBT en el reconocimiento de su existencia y fomenta
su criminalización y persecución.
3.
La propuesta agrava las condiciones de discriminación y violencia contra
las personas LGBT al obligar a los funcionarios públicos a mantener una postura
única frente al tema de orientación sexual e identidad de género y permite a cualquier guatemalteco a realizar
acciones contra la comunidad, dándoles libertad de acción e impunidad, con el
hecho de invocar su “derecho a la libre expresión y libertad de conciencia”.
4.
La referida iniciativa criminaliza los derechos sexuales y derechos
reproductivos bajo la persecución sin cortapisa alguna del aborto y promueve
penas de cárcel a las mujeres que lo practiquen o a las personas que lo
faciliten.
Por lo anterior, manifestamos
nuestra profunda preocupación por el alcance perverso que esta ley pueda tener
contra derechos de personas que en la actualidad no gozan de ningún tipo de
protección por parte del estado guatemalteco y que al contrario, se verían
sujetas a persecución penal. Así mismo, con este tipo de propuesta legislativa,
evidenciamos:
1.
La actuación del Estado tendiente al aseguramiento de la igualdad,
empieza por acciones concretas de reconocimiento y restauración de derechos de
minorías históricamente discriminadas. Una sociedad que no reconoce los
derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales transgéneros no es una
sociedad democrática.
2.
La falta de reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo
género –o la existencia de figuras alternativas- constituyen violencia contra
el ejercicio de las libertades democráticas y el libre desarrollo de la
personalidad humana incluyen las dimensiones de la orientación sexual y la
identidad de género, limitando
ciudadanía plena para quienes se apartan de la norma heterocentrada y
reafirmando un claro escenario de discriminación salvaje y fomentando
escenarios de segregación social y legislativa que aún persisten en el país
contra de las personas lesbianas, gay, bisexuales y trans LGBT.
Atentamente,
Campaña
por una Convención Interamericana de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos
–CCIDSDR.
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