PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO

Ciudad de Guatemala, 28 de abril de 2017.

La iniciativa de “Ley para la protección de la vida y la familia" fue presentada al Congreso de la República de Guatemala por el diputado pro evangélico Aníbal Rojas, en compañía de una veintena de diputados, con la firma de al menos treinta mil guatemaltecos y el respaldo de la Coordinadora Evangélica Nacional. Dicha propuesta legislativa va encaminada a prohibir los abortos en el país, generar penas punibles con cárcel a quien se los practique o facilite a hacerlo. Prohíbe la enseñanza de “ideología de género y diversidad sexual”, pretende obligar a los funcionarios públicos en representación del Estado de Guatemala a rechazar cualquier medida referente a dichos temas, reafirma la calidad del matrimonio como derecho exclusivo de personas de sexos opuestos y permite a las personas el derecho a rechazar (y agredir) a las personas lesbianas, gay, bisexuales y trans (LGBT), sin que sus acciones (cualesquiera que sean) sufran castigo legal alguno.

Por lo anterior y en base al análisis de dicha iniciativa de ley, nos pronunciamos públicamente al respecto y señalamos:

1. Esta propuesta legislativa atenta en primera instancia contra el estado laico Guatemalteco y discrimina cualquier otra confesión religiosa, al privilegiar su actuar bajo doctrinas cristianas.
2. Limita el derecho a expresión de las personas lesbianas, gay, bisexuales y trans (LGBT) y acalla su derecho a manifestarse por sus derechos. Limita el actuar de las comunidades LGBT en el reconocimiento de su existencia y fomenta su criminalización y persecución.

3. La propuesta agrava las condiciones de discriminación y violencia contra las personas LGBT al obligar a los funcionarios públicos a mantener una postura única frente al tema de orientación sexual e identidad de género y permite a cualquier guatemalteco a realizar acciones contra la comunidad, dándoles libertad de acción e impunidad, con el hecho de invocar su “derecho a la libre expresión y libertad de conciencia”.
4. La referida iniciativa criminaliza los derechos sexuales y derechos reproductivos bajo la persecución sin cortapisa alguna del aborto y promueve penas de cárcel a las mujeres que lo practiquen o a las personas que lo faciliten.

Por lo anterior, manifestamos nuestra profunda preocupación por el alcance perverso que esta ley pueda tener contra derechos de personas que en la actualidad no gozan de ningún tipo de protección por parte del estado guatemalteco y que al contrario, se verían sujetas a persecución penal. Así mismo, con este tipo de propuesta legislativa, evidenciamos:

1. La actuación del Estado tendiente al aseguramiento de la igualdad, empieza por acciones concretas de reconocimiento y restauración de derechos de minorías históricamente discriminadas. Una sociedad que no reconoce los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales transgéneros no es una sociedad democrática.
2. La falta de reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo género –o la existencia de figuras alternativas- constituyen violencia contra el ejercicio de las libertades democráticas y el libre desarrollo de la personalidad humana incluyen las dimensiones de la orientación sexual y la identidad de género, limitando ciudadanía plena para quienes se apartan de la norma heterocentrada y reafirmando un claro escenario de discriminación salvaje y fomentando escenarios de segregación social y legislativa que aún persisten en el país contra de las personas lesbianas, gay, bisexuales y trans LGBT.