Desde intentos de negar atención médica a personas trans hasta prohibiciones del lenguaje inclusivo, los derechos LGBTQ están bajo amenaza.
Texto Mariana Carbajal / OpenDemocracy
Iniciativas que pueden exacerbar la violencia contra la población trans y de género diverso están avanzando en al menos 10 países latinoamericanos.
Las propuestas incluyen prohibir el lenguaje inclusivo y las perspectivas de género en los salones de clase, dar a los padres poder de veto sobre la educación sexual, perseguir a profesoras que hablen sobre sexualidad con sus estudiantes y marginar aún más a la población LGBTQ.
Defensores de derechos humanos señalan que tales actos constituyen “un ataque oportunista a un grupo minoritario” para atraer votantes conservadores o galvanizar a la opinión pública en tiempos de crisis.
El continente americano ya es el más peligroso del mundo para la población – 70% de los 375 asesinatos de personas trans o no binarias registrados entre octubre de 2020 y septiembre de 2021 se cometieron aquí, indica Amnistía Internacional.
Sonia Corrêa, del Observatorio de Sexualidad y Política, un foro internacional de activistas e investigadoras, considera importante distinguir entre campañas públicas contra los derechos trans – en las que pueden involucrarse militantes derechistas para capitalizar lo que observan como un conservadurismo creciente – y las políticas anti-trans implementadas por los gobiernos.
“Las movilizaciones sociales antigénero… aunque promuevan o propongan cambios legislativos o políticas públicas, no son lo mismo que cuando esa ideología está instalada en el aparato del Estado. Esa diferencia hay que empezar a hacerla con bastante firmeza”, subrayó.
Este último es el caso de Brasil. “Es uno de los países en los que la ideología antigénero, antitrans y antiaborto es política de Estado a nivel federal, de manera sistemática y estructural”, dijo Corrêa a openDemocracy.
Ella estima que lo mismo ocurre en otros países, como Hungría, Rusia, Serbia y Polonia, y que hay “sesgos parecidos” en Turquía, Guatemala, Uruguay, algunos distritos de España y varios estados de EEUU.
‘La ola anti-trans es un ataque oportunista a un grupo minoritario en tiempos de crisis’
Cristian González, de HRW
El investigador en derechos LGBTQ de Human Rights Watch (HRW), Cristian González, describe esta ola como una “tendencia antidemocrática: el ataque oportunista a un grupo minoritario en tiempos de crisis”.
Mientras la región vive problemas graves de inflación, violencia y corrupción, “algunos políticos utilizan temas de género y sexualidad para distraer a sus ciudadanos… en una manipulación nefasta a costa de personas marginadas en la sociedad”, dijo González a openDemocracy.
En su opinión, esto debería preocupar a toda la ciudadanía. “El objeto de manipulación hoy es el género y la sexualidad. ¿Qué otros derechos se instrumentalizarán políticamente en futuras crisis?”, cuestionó.
Los cambios legislativos en la región socavan también la educación sexual, una herramienta para combatir la violencia sexual y el embarazo adolescente e infantil. América Latina y el Caribe registra la segunda tasa más alta de embarazos adolescentes del mundo; casi el 18% de los nacimientos en la región corresponden a madres menores de 20 años de edad, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas.
“Muchos de estos embarazos son consecuencia de la falta de información, el limitado acceso a métodos anticonceptivos y la violencia sexual y de género”, advierte el organismo.
Brasil es por lejos el lugar más peligroso para la población queer y género-diversa, según el proyecto Transrespeto versus Transfobia en el Mundo, que registró 125 asesinatos cometidos en ese país entre octubre de 2020 y septiembre de 2021.
Más que ningún otro gobierno de la región, el del presidente Jair Bolsonaro ha orquestado una política federal para restringir o cuestionar la igualdad de derechos de las personas LGBTQ.
“Bolsonaro ha destruido lo poco que teníamos, y ha hecho una depuración de la política trans que había”, dijo a openDemocracy el profesor Marco Aurélio Máximo Prado, de la Universidad Federal de Minas Gerais.
Proscribir las identidades trans
En algunos lugares de América Latina, la población trans todavía soporta una amplia discriminación e intentos renovados de suprimir sus identidades.
En 2017, legisladores conservadores de Bolivia lograron un fallo constitucional que negó la igualdad de derechos para las personas trans, a pesar de que la discriminación por razones de género está prohibida por la Constituciópn de 2009 y por dos normas consecutivas – la Ley contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación de 2010, y la Ley de Identidad de Género de 2016 – que implementaron este principio.
Los legisladores presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Identidad de Género. El tribunal constitucional rechazó parcialmente la demanda y mantuvo el derecho al cambio de nombre y de género registral de las personas trans, pero consideró inconstitucional parte del artículo 11, que establecía la igualdad de derechos para las personas trans. Una consecuencia de este fallo es que las mujeres trans tienen dificultades para postular a cargos electivos porque la cuota femenina no se aplica para ellas.
Es una “sentencia constitucional vergonzosa”, dijo a openDemocracy el consejero ejecutivo de la Red Latinoamericana GayLatino, Ronald Céspedes. “Reconoce el derecho a la identidad de género de las personas, pero les priva de sus derechos fundamentales… Es como decirle a una persona trans ‘tú puedes cambiar tu nombre y dato de sexo, pero no tienes los mismos derechos’”.
En Guatemala, un proyecto de ley para “proteger a la niñez y adolescencia de los trastornos de la identidad de género”, presentado el año pasado, es “completamente discriminatorio”, según Cristian González, de HRW.
El artículo 1 prevé que “los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que… no sea vulnerada su identidad según su género sexual (sic) al nacer”; mientras el artículo 2 establece que deben ser “protegidos” de todo material que “represente, promueva o muestre alteraciones de la identidad del sexo de nacimiento, reasignación de género, o variación de la identidad sexual natural”.
El proyecto busca prohibir que se difunda información sobre identidad de género en las escuelas y obligar a los medios de comunicación a etiquetar como prohibidos para menores de 18 años los programas que muestren a personas trans o hablen sobre ellas.
El texto, aprobado por la Comisión de Educación y de lento tratamiento en el Congreso, tiene también como fin “distraer a la sociedad” cuando aparece otro tema político acuciante, según González.
“Con esta iniciativa las personas ‘transodiantes’ tienen una vía libre para discriminar a las personas trans”, dijo a openDemocracy la activista Stacy Velásquez, directora del Organización Trans Reinas de la Noche.
El 8 de marzo, el Congreso aprobó la ley para la protección de la vida y la familia, que, entre otros puntos, legalizaba la homofobia y endurecía las penas por aborto. Pero, debido a su contenido inconstitucional y violatorio de tratados internacionales, no llegó a ser promulgada por el presidente Alejandro Giammattei.
Entre 2019 y 2020, 18 personas trans fueron asesinadas en Guatemala, según el Centro de Documentación de Situación de personas Trans de América Latina y el Caribe. Ninguno de los casos está siendo investigado.
En junio de 2021, Andrea González, presidenta de Reinas de la Noche fue acribillada a balazos, dos días después del asesinato a golpes de Ceci Ixtapa, activista de Redtrans. Ambas habían denunciado a las autoridades que recibían amenazas. El Observatorio Nacional de Derechos Humanos registró en 2021 otras siete muertes violentas de personas trans.
La violencia contra la población LGBTQ es un problema persistente en El Salvador, según González, de HRW.
Esa violencia condujo al desplazamiento forzado de 166 personas LGBTQ el año pasado. Y la persecución se agravó con el polémico régimen de excepción aprobado por el Congreso a fines de marzo, y prorrogado por cuarta vez el 19 de julio, porque suspende garantías constitucionales.
“Antes de que llegara al poder el presidente Nayib Bukele, hubo algunos avances a nivel nacional”, dijo González.
Por ejemplo, las autoridades crearon una Unidad de Diversidad Sexual en la Secretaría de Inclusión Social, eliminada por Bukele y reemplazada por una Unidad de Género, dependiente del Ministerio de Cultura.
“Muchos activistas vieron ese cambio como un ataque a sus derechos porque la violencia contra personas LGBTQ y la inclusión no son un tema necesariamente de cultura, sino de inclusión social”, agregó.
Un proyecto de ley sobre identidad de género, presentado en 2018, también quedó archivado luego de la llegada de Bukele al gobierno.
“La actual ley dice que el nombre no puede ser equívoco del sexo, es decir, si tenés vagina no te podés llamar Pedro, tenés que tener un nombre ‘acorde’ a tu sexo”, explicó a openDemocracy la activista trans Ambar Alfaro.
En febrero, sin embargo, la sala constitucional de la corte suprema dictaminó que las personas trans tienen derecho a cambiar su nombre y dio un año a la Asamblea Legislativa para que habilite este derecho por ley.
